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martes, 14 de diciembre de 2010

Cegados por el odio

El caso de Giuliana Llamoja, la estudiante de derecho de 18 años que en marzo del 2005 asesinó a su madre, conmocionó al Perú y causó furor en el circo mediático, donde le dedicaron largos espacios. Cuatro años después, el 21 de mayo pasado, la joven salió en semilibertad del penal de mujeres de Santa Mónica, después que su condena fuera reducida por el Tribunal Constitucional; poco después envió una carta notarial exigiéndole a los medios cambiar términos errados con los cuales se habían referido al caso.
Este caso contiene  tres tragedias para el Perú: la perdida de una de sus hijas por un homicidio, el encarcelamiento de una joven y el vergonzoso rol de la prensa en el proceso, que demuestran, en su mayoría, una sistemática falta de ética y poco respeto a los valores de la profesión.

La siguiente versión de los hechos esta realizada según lo que ha podido determinar la policía, el Tribunal Constitucional y también según el testimonio de la única testigo de la situación, la misma Giuliana. Aquel fatídico día la acusada tuvo una discusión con su madre a partir de un desorden; Giuliana ignoró los gritos de su madre y fue a la cocina para cortar una sandía, en un ataque de rabia la madre agarró un cuchillo y Giuliana, en defensa personal agarró otro, iniciando un enfrentamiento. Aquí sucede la parte más confusa del asunto; según la explicación de la acusada, durante el enfrentamiento la madre chocó contra el interruptor de la luz dejando en oscuridad completa el cuarto. El pánico y el miedo causaron que ambas protagonistas del hecho lanzaran cuchilladas al aire, resultando en laceraciones en las dos mujeres, la mayoría tocando solo epidermis, sin sangrado, como la necropsia señala; un corte mortal pero superficial en la arteria aórtica izquierda, ubicada en el cuello, terminó con la vida de la progenitora. Luego del acto, Giuliana escondió el cuerpo de la madre, limpió las manchas de sangre y se tomó una ducha. Fue en estas circunstancias que el hermano menor de Giuliana encontró llegó a la casa para después encontrar el cuerpo inanimado de su madre.

Hay tres hechos que convierten este crimen en un tema popular para la prensa: la primera es la brutalidad aparente del crimen, incrementada por el uso de la palabra puñalada y aderezado por la mala entre madre e hija; la segunda es el antiguo tabú del parricidio; por último, la aparente posición de Giuliana de formar parte de la elite, siendo una chica atractiva, primer puesto en su universidad y con un padre que ejercía como juez.
No es de extrañar, entonces, que los días siguientes los titulares de los trataran el caso, incluso cuando Giuliana era solo una sospechosa del acto y los hechos que se manejaban por los policías eran aún todavía preliminares; un ejemplo de esto es el mismo El Comercio, que dos días después del incidente publica una nota con el siguiente titular: “Asesinó a su madre de 65 puñaladas” carente de varios elementos importantes en el relato. Javier Darío Restrepo, autoridad en ética periodística, afirma: “El periodismo responsable ha optado por no publicar cuando no hay confirmación, porque información no confirmada es información incompleta.”


Según el reconocido periodista Santiago Pedraglio, en este tipo de situaciones, donde  llega a las salas de prensa información inesperada pocas horas antes del cierre, lo que los deja sin tener tiempo para investigarla, crean una presión sobre los diarios que los lleva a elaborar lo que se llama la “verdad periodística” y, si bien no es ideal a veces, para no perder la primicia se debe imprimir una noticia sin tener todos los datos del caso; sin embargo, esta “verdad periodística” tiene la obligación de ser corregida en caso de ser probada errónea por los siguientes datos de la investigación, cosa que muy pocos medios hicieron en los siguientes días, meses y años.


La importancia que tiene la corrección del término puñalada a corte superficial para la defensa de Giuliana, y por lo cual envió una carta a notarial a los medios esperando que se rectifiquen, se debe a que la profanidad de la herida si es importante para determinar la intención que tenía la agresora durante un homicidio. Consultado un detective de la Dirincri, el mayor Luis Alberto Toribio, sobre la situación, dijo: “En el Caso Giuliana, la totalidad de las 60 heridas incluyendo la de necesidad mortal que se ubica a nivel de carótida (cuello) NO TIENEN PROFUNDIDAD, es decir son a nivel de epidermis, que es la primera capa dérmica, la piel que nos tocamos, lo que está a "flor de piel". Es decir no hubo como dice algunos periodistas que no han investigados NO HUBO CUCHILLADAS NI PUÑALADAS, en una palabra,  no hubieron heridas profundas y por una inferencia lógica elemental: SI NO HUBIERON HERIDAS PROFUNDAS, TAMPOCO HUBO ASESINATO U HOMICIDIO PREMEDITADO”.

El abstenerse de informar este tipo de datos, lleva  a la opinión pública a conclusiones incompletas y sesgadas,  por lo cual va contra los principios de veracidad e imparcialidad y traiciona la confianza que el lector pone en los periodistas. En el caso tratado tenemos que sectores de la prensa se han desviado de la parcialidad al incumplir dos de los concejos éticos de Restrepo: “Ninguna crónica es imparcial si omite hechos de gran importancia o significación. La imparcialidad implica el carácter integral de la noticia.” Y “Ninguna crónica es imparcial si, consciente o inconscientemente, mueve a error e incluso engaña al lector.” 

El primero de estos principios se rompe al no mencionar datos importantes como los 26 cortes que sufrió en la pelea la acusada o las razones por las cuales fue reducida su condena por el Tribunal Constitucional; tampoco se menciona, hasta hace poco en un reportaje de Cuarto Poder, que dos de los cinco jueces que juzgaron el caso estuvieron a favor de exonerarla. El segundo se incumple al inducir a un juicio sesgado con términos que pueden llevar al error, siendo las puñaladas el más evidente ejemplo, no podemos dejar de recordar el uso de comentarios del Hi5 de Giuliana para insinuar un incesto con el padre, que nunca fue probado.

Programas como el de Nicolas Lucar, en Frecuencia Latina, encabezan la tendencia a esta parcialización de los detalles escabrosos del caso, con el propósito de subir el rating a desmedro de bajar la deontología de la profesión; la llamada telefónica que recibió del padre de Llamota muestran incapaces o renuentes de superar las circunstancias más escabrosas, siendo estas las más “entretenidas”.
Para Giuliana Llamota el estigma que cargará de ahora en adelante por el parricidio será un filo mucho más letal que el cuchillo causante de la muerte de su madre; en su caso, la verdad de esa noche resultará irrelevante al público, que ya ha formado sus opiniones. A menos que se realice una reflexión seria de las prioridades en el tratamiento de casos como el de Llamoja, la prensa basura que abunda en el país apuntará sus plumas, convertidas en dardos, a otros casos interesantes para el morboso apetito del público, en este circo mediático lleno de payasitos tristes.

lunes, 13 de diciembre de 2010

La inseguridad domina las calles de Lima

Problemas y propuestas a la orden del día.

Los acompañaba cada vez que se presentaba la ocasión. Ese domingo de Agosto, la niña Romina Cornejo viajaba en el auto de sus abuelos. Ella estaba sentada en la parte de atrás del carro con su abuela, cuando fueron interceptados por dos autos. Uno de los delincuentes se acercó por el lado del chofer, abuelo de Romina, con el fin de quitarle dos mil dólares. Al resistirse, se oyeron disparos que impactaron a la niña, dejándola cuadripléjica.

Este es uno de los tantos casos que, casi a diario, suceden en nuestra capital. Siendo uno de los ataques delincuenciales que más afectó al país al ser la víctima una niña de tan solo tres años. Además, hizo recordar que el hampa puede actuar a sus anchas, sobre todo en una ciudad donde poco o nada se hace para enfrentarlo. ¿Cuáles son los problemas para revertir esta situación y qué se está haciendo para combatir esta ola delincuencial que cada día crece irreversiblemente?



Problemas
Para el antropólogo Gabriel Prado, experto en temas de seguridad ciudadana, el problema radica en una falta de política de estado. “El asunto es que todos los planes que se han hecho desde el Ministerio del Interior no han tenido una coherencia entre sí, una articulación. Ha habido políticas erráticas, ocurrencias del ministro de turno”. Según Prado, todos los ministros del Interior han tenido una receta propia contra la inseguridad ciudadana.

Como se recuerda, durante este gobierno hubo distintos nombres en la cartera del Interior y cada uno tuvo su propia estrategia de combatir la delincuencia. Por ejemplo, Remigio Hernani, priorizó la investigación policial sobre las actividades preventivas, como el patrullaje. Pilar Mazzetti propuso el ‘Plan Telaraña’, un trabajo conjunto entre la policía y el serenazgo de cada distrito. Luego vino el Plan protégeme de Luis Alva Castro, el Plan de Arresto Ciudadano de Mercedes Cabanillas, el Plan Taxi Cívico de Octavio Salazar. Es decir, con cada cambio de Ministro, un nuevo plan para combatir la inseguridad. Se imponía la forma antes que el fondo.

Y hasta hace poco, antes de su salida del ministerio del Interior, el titular de dicho sector, Fernando Barrios, proponía que debe existir un trabajo articulado entre la PNP y el Serenazgo puesto que hay municipalidades que cuentas con recursos de primer mundo.

Además, anunció que para la modernización ya se compraron 4,000 computadoras para las comisarías del país, y se está licitando 17 millones de dólares para implementar la banda ancha que permita a las comisarías mantener videoconferencias e intercambiar información.

También señaló que ya se convocó a licitación por 56 millones de soles el sistema de radio troncalizado, para que el sereno, el policía, y el vigilante privado puedan interconectarse en una misma frecuencia.

Sin embargo, con la renuncia al cargo de Barrios se vuelve a lo que se dijo anteriormente: el cambio repentino de Ministro, sea cual fuera la razón, hace que nuevamente se vea en peligro esta decisión ya tomada, y por ende, el cambio de plan. Lo que trae como consecuencia la detención de la lucha contra la delincuencia. Delincuencia que, por el contrario, avance rápidamente.

Esto hace suponer que no se hará mucho contra la delincuencia, sobre todo si tenemos en cuenta que el sector del Ministerio del Interior, es el de mayor recambio de timón: 6 ministros en 52 meses, es decir un ministro cada 8 meses y medio. Esto confirma que se trata de un sector complejo, pero también que el Gobierno no ha sabido escoger bien a los ministros ni tampoco trazar una política de Estado integral, coherente y efectiva para afrontar el gravísimo problema de la inseguridad que, junto con la corrupción, es la mayor preocupación de la mayoría ciudadana.

En tal escenario, se ha nombrado como ministro al general Miguel Hidalgo, de notable trayectoria profesional, pero a quien se ha involucrado en casos de inconducta por uso de un vehículo oficial para fines particulares y en el escándalo de BTR y ‘petroaudios’, lo que deberá aclarar en las instancias correspondientes. ¿Qué podrá hacer en el poco tiempo que resta de gestión? ¿Solo visar la transición al próximo gobierno?

Otro de los problemas que se presentan para combatir la inseguridad en la ciudad es la falta de un sistema de información. En el caso de la seguridad ciudadana –explica el especialista Gabriel Prado– no existe en nuestro país un ente que registre las cifras de criminalidad que emiten por separado la Policía, la Fiscalía, los institutos de opinión pública y el Poder Judicial, y difunda periódicamente una versión única y consensuada. Así, por un lado, están las encuestas de opinión que recogen la percepción de inseguridad de la población y, por el otro, las incipientes bases de datos de la Policía sobre la ocurrencia de los delitos. “La información sobre este tema resulta insuficiente. Así no se puede hacer políticas públicas”, sentencia Prado.

Lo que se quiere hacerNo obstante, hace un mes, el pleno del Congreso aprobó por unanimidad autorizar a los gobiernos regionales, alcaldes provinciales y autoridades edilicias distritales a que en adelante puedan girar recursos en favor de la Policía Nacional. Esto, con la finalidad de contribuir a equipar a sus miembros y modernizar la infraestructura policial, como parte de sus competencias compartidas. Pero, hasta el momento no se ha puesto en práctica.

Otra de las soluciones fue propuesta por el congresista Isaac Mekler, quien anunció que presentará un proyecto de ley que permita a los serenos dirigir el tráfico vehicular, para aumentar el número de policías en la lucha contra la delincuencia.


Asimismo, el parlamentario indicó que se estudiará la aplicación de penas más severas para los jóvenes entre 16 y 18 años, quienes delinquen con robos menores, y bajo el argumento que son menores de edad, no se les aplica penas efectivas en las cárceles.

Así pues, mientras poco o nada se avanza en el tema de la seguridad ciudadana, la ola criminal es cada vez más frecuente en las calles de la capital. Lo que la ciudadanía reclama es una urgente y firme reacción, coordinada con regiones y municipalidades, para devolver rumbo y consistencia al sector, con lo que se puedan desarticular las bandas de ladrones y secuestradores que siguen operando con indignante impunidad. Y no se vuelvan a repetir casos como el de la niña Romina.


lunes, 25 de octubre de 2010

Infección en el VRAE: Terrorismo, Narcotráfico y Corrupción

El reconocimiento del general Cabrera sobre Sendero como “neofirma” del narcotráfico  muestra tres problemas: No se sabe con claridad contra quiénes se está luchando, se critica la capacidad de las fuerzas armadas para continuar con el plan VRAE y preocupa que la corrupción y el ingreso de dinero en la zona perpetúe el conflicto.

Declaración Controversial
El jefe del Comando Especial del VRAE, general EP Benigno Cabrera Pino, dio a conocer la existencia de un nuevo “clan familiar” o “neofirma” del narcotráfico liderado por Víctor Quispe Palomino, “camarada José”, primer mando de Sendero Luminoso en el valle de los ríos Apurímac y Ene. 

El Plan VRAE establece que las fuerzas armadas deben capturar y desarticular el remanente terrorista. Mientras tanto, la fuerza policial se encuentra luchando contra el narcotráfico. Algunos analistas han declarado que preocupa la conclusión del general Cabrera después de tres años de operaciones porque el plan estaría mal concebido. Por otro lado, Alan García reafirma que la lucha la debe liderar el Ministerio de Defensa, a través de las fuerzas armadas.

¿Narcoterrorismo? ¿De qué estamos hablando?
Se ha denominado como narcoterrorista al grupo liderado por la familia Quispe Palomino. Jaime Antezana, analista en temas de narcotráfico, declaró en medios de comunicación que este fenómeno no es nuevo: Desde el 2006 observó que Sendero es parte del negocio de la cocaína y sigue una nueva línea política al mando del camarada “José” desde la publicación del programa revolucionario del Perú, donde no se reivindica el pensamiento Gonzalo (Cedema.org). 

Según Orazio Potestá, periodista especializado en narcotráfico y terrorismo, “el actual grupo ha anclado un discurso político al dinero, y allí está inmerso el narcotráfico; pero difícilmente podría ser una mafia”. Lo que ocurre, explica, es que “la demanda mexicana sobre el Perú provoca la participación de Sendero en el negocio”.

Para el Comandante PNP y analista Filemón Álvarez Melo, “el narcotráfico y el terrorismo se usan recíprocamente. Se juntan interesadamente.  No hay narcoterrorismo”. Según él,  Sendero cobra cupos: para acceder al negocio (cultivo, producción, compra y venta de drogas en el VRAE) primero tienen que pagarles. Además, los narcotraficantes traen armas para los terroristas. 

El Comandante explica que, principalmente se encargan de la custodia y transporte. Si ahora producen es porque “posiblemente los Quispe Palomino han arremetido contra familias productoras de coca, se han apropiado de los terrenos y ahora son nativos indígenas, capturados por ellos, quienes trabajan la tierra para beneficio de Sendero. Esto no significa que se hayan vuelto narcotraficantes, es más probable que lo usen como recurso para obtener más dinero porque es difícil mantener un cuadro de 300 a 400 personas”.

Según  Álvarez el funcionamiento del negocio,  se constituye en clanes familiares que cultivan y procesan. Sendero, vicario ilegal del estado, es principalmente la fuerza del lugar. Su meta no es convertirse en grandes narcotraficantes, sino financiar la lucha armada. “Habría que tener más pruebas para decir que ahora son narcotraficantes”, concluye.

Potestá opina que están lejos de ser una gran red de narcotraficantes. Salvo el líder, casi todos “son analfabetos, no saben ni sumar. Saben camuflarse en la selva y atacar, pero con ese nivel de inteligencia no pueden llegar a ser un cartel”. Además, explica, se sirven de jóvenes que están embelesados con la ideología, pero “José” tiene poco discurso político. Álvarez agrega que “reciben dinero por enrolarse y los embullen de ideas en el camino”.

Desde que está en el VRAE sendero  ha ampliado su jurisdicción. “El proselitismo en esa zona es muy fuerte”, asegura el comandante.  El argumento principal es: “mira todo el dinero que tiene el estado, ellos mismos dicen que ha crecido la economía pero nada nos llega a nosotros. Ellos no más se hacen ricos. El Perú está subyugado al imperialismo yanquee.”.

¿Quién se hace cargo del problema?
El analista Rubén Vargas, pocos días después de la declaración del General EP Benigno Cabrera, sostuvo que una de las soluciones para acabar con esta nueva firma del narcotráfico es “la retirada de las Fuerzas Armadas  para que la Policía Nacional enfrente al crimen organizado”.  Además, indicó  que tal vez algunos sectores de los militares están pensando en involucrarse en la lucha antidroga, lo que sería nefasto para las Fuerzas Armadas por el gran poder corruptor del narcotráfico.

El Comandante Filemón Álvarez la policía debería hacerse cargo tanto del narcotráfico como del terrorismo. Según la constitución, sostiene, las fuerzas armadas solo intervienen en conflictos, fuera o dentro del país, que provengan del exterior.  Para él, equivocadamente el estado  ha puesto a  cargo a las fuerzas armadas la lucha contra el terrorismo. “Las FFAA piden mucho presupuesto desde entonces, pero no son efectivos”. Pone como ejemplo la lucha contra Artemio, remanente senderista muy debilitado por las operaciones policiales en conjunto con las fuerzas armadas. 

Para Orazio Potestá no se debería suprimir la intervención de las fuerzas armadas. “Solo hay que dividir el campo de acción. Se necesita ambos. El tema es la coordinación policía y FFAA. Sendero no puede convertirse en un peligroso cartel de la noche a la mañana, hay mucha experiencia de las FFAA en la selva como para retirarlos de la zona.”

Sin embargo, según Álvarez,  los que luchan contra el terrorismo “son jóvenes que hacen el servicio militar, no son personal calificado. Tampoco tienen experiencia porque solo sirven un año y se van. Los  oficiales y suboficiales  que se necesitan están en puestos administrativos en Lima. Si ellos estuvieran en el campo de acción seguramente “José” y sus hermanos ya estuvieran capturaros”.

Dificultades sin soluciones
Para Potestá, no existe una decisión política contundente para acabar con el narcoterrorismo. Un buen despliegue de FFAA puede capturar a todo el clan familiar. “Cuando las FFAA han tenido bajas han sido muchachos de 16 y 17 años haciendo rondas en las tardes y recorriendo los mismos caminos. Presa fácil de los terroristas”.

Además, sostiene que con la caída de este grupo perderían muchos: Proveedores de insumos, armas, comida, combustible, etc. Incluso “José” paga 60 dólares mensuales a sus combatientes. El Comandante Álvarez recuerda similar situación en los inicios del narcotráfico: “así como fue una vez en el Huallaga, el narcotráfico en el VRAE ingresa dinero a la zona y se crean negocios, la gente tiene plata y consume”.

Por otro lado, Rubén Vargas declaró, para Inforegión, que las fuerza armadas pueden ser corrompidas con el dinero de la droga. “El poder corruptor ha llegado a la policía, pero en esos casos un fiscal está en la libertad de sancionar a un policía involucrado en drogas, pero en el caso de los militares, ellos no pueden ser sancionados – por el poder político- por la poca presencia de autoridades judiciales”.

Potestá y Álvarez están de acuerdo en que hay corrupción en las fuerzas armadas. Incluso desconfían de la declaración del general Cabrera porque podría ser una medida para quedarse más tiempo. “Sospechosamente después de cada atentado llegan los mandos a la capital a pedir más recursos. Los errores de las F.F.A.A. son extraños, parecería que fuera a propósito para solicitar más dinero”, comenta el especialista.

Para el oficial PNP hay  una tradición militar de pedir altas sumas de dinero en zonas de conflicto. Ya están acostumbrados. “Esto se inició poderosamente con Montesinos.  Muchos militares incluso estuvieron negociando con narcotraficantes”. Recuerda que “en la década de los noventa, en un operativo en el Huallaga, pintaron el helicóptero como el del ejército y cuando aterrizaron salieron corriendo personas con kilos de cocaína para que lo traslademos”.

Otro argumento, bastante difundido, es la ausencia del estado. La Asociación de Municipalidades del Valle de los ríos Apurímac y Ene explica que el plan VRAE falla porque no hay presencia del estado, son insuficientes los recursos y la experiencia militar no tiene consecuciones sociales. “La población es la última rueda del coche”.
Según Álvarez, mucha gente en esos lugares de verdad quiere un desarrollo diferente para no tener problemas. “Lamentablemente el narcotráfico ofrece siempre mayores beneficios que cualquier programa del estado, aún con ayuda del exterior”.

Datos importantes
  • Belaunde acuño en 1985 el término narcoterrorismo.
  • Sendero tiene contacto con los narcotraficantes desde que acceden a la zona de Vizcatán.
  • Feliciano comenzó a contactarse de manera más directa con los narcotraficantes.
  • “José” es el líder porque estudió en la universidad de Huamanga y conoció a Abimael
  • “José” es el único en Sendero con estudios superiores.
  • El narcotráfico ingresó a Perú por el recrudecimiento de la persecución en Colombia.
  • Inicialmente el narcotráfico trajo los preparadores de cocaína porque en Perú nadie sabía.
  • Los Narcotraficantes crearon pistas de aterrizaje escondidas en la extensa cuenca del Huallaga.
  • Por el año 94 se dinamitaron todas las pistas de aterrizaje. Esto produjo que el narcotráfico se trasladara la zona del VRAE.
  • En los 90 pobladores peruanos comenzaron a aprender y se trajo mano de obra de la sierra hacia la selva.
  • Entre la coca colombiana, boliviana y peruana, la nacional es de mejor calidad pues tiene alto alcaloide.
  • La hoja de coca es insustituible, aun con todos los avances químicos, para la producción de la cocaína.

(Escrito el 11 de Octubre del 2010)