La Condición Peruana

El respeto a la vida de trabajadores y pobladores relacionados con la actividad minera.

La movilización de las autoridades chilenas, y del presidente Piñera, costeando el rescate de los 33 mineros atrapados 700 metros bajo tierra, el cumplimiento de las medidas de seguridad de la empresa minera, y el seguimiento de los medios de comunicación sobre los hechos refleja la importancia que tiene la vida humana en el país vecino. Este rescate, sin comparación a escala mundial por la dificultad y el tiempo que está tomando, nos invita a revisar la situación local, pues estamos lejos de tomar medidas de tal magnitud.

               

El derrame de relaves en el río Escalera, en Huancavelica, y sus afluentes en junio nos demuestra la lentitud y poca preocupación con que trabajan los burócratas peruanos. Si bien los organismos responsables están designados no se específica plazos para situaciones de emergencia que requieren investigaciones, soluciones y sanciones rápidas. Por ello, ha tomado un mes sancionar a la minera por Caudalosa por la contaminación del río y la negligencia en la construcción de la relavera que colapsó, según investigaciones de OSINERMING.

Son insuficientes los estudios de impacto ambiental,  social y de salud porque aún no hay soluciones concretas. Salvo el pago económico, no ha habido medidas oportunas para las comunidades que viven de la agricultura y ganadería. Además, informes periodísticos señalan que la mitad de pobladores no cuenta con agua potable por lo que el río Escalera y sus afluentes son la fuente de vida de varias comunidades. La situación de varios pueblos depende de la rápida reacción de organismos gubernamentales como OSINERMING y la ANA, así como, de la empresa minera.

¿Seguimos igual? Posiblemente no. La lucha por el respeto a la vida nos ha llevado un paso adelante, pero aún estamos lejos de reacciones como la chilena, pero también distantes del trágico caso cajamarquino en el último año de la dictadura. En junio del 2000, el derrame de 150 kilos de mercurio perjudicó gravemente a la comunidad de Choropampa. Ni con el regreso de la democracia se pudo conseguir justicia para los niños hospitalizados en Cajamarca con manchas y ronchas, adultos y jóvenes con vómitos y mareos, mujeres que abortaban consecuencia de la intoxicación. A pesar de que protestaron en la capital de su región y en Lima, nadie atendió sus pedidos. La empresa minera igualmente eludió la responsabilidad. Incluso el gobierno enjuició al joven alcalde en su lucha por obtener una indemnización que pueda salvar a la comunidad. "The price of gold", documental impresionante, retrata claramente la injusticia que sufrió esta comunidad.

Entre uno y otro penoso evento las reacciones del gobierno no han sido las mismas. Algunos ingenieros opinan que la minería es una actividad segura, más que otros rubros económicos. Lo cierto es que en esta actividad mueren medio centenar de trabajadores mineros cada año, fuera de los accidentes como el del río Escalera y Choropampa. La vida de muchos mineros y pobladores no recibe la atención que se merece, aunque la legislación registra una serie de medidas para eventuales accidentes, la actitud frente a estos problemas tanto del gobierno como empresas es perezosa, negligente e indiferente. Más allá de la cantidad de soles que pueda ofrecer una minera o contratista, está el reto de preocuparse realmente por las consecuencias en la vida cotidiana de los peruanos afectados.