¿Amor al chancho?

A pesar de que casos de la farándula banalicen el problema, la situación, que implica la manutención de menores de edad, es más compleja.

“Vividora”, “cazafortunas” y “trepadora”, son algunos de los adjetivos lanzados por seguidores de noticias farandulescas contra Melissa Klug, ex pareja sentimental del futbolista Jefferson Farfán, quien luego de su separación presentó una demanda por pensión de alimentos contra el jugador del Schalke 04 de Alemania. La noticia, lejos de pasar por la intrascendencia de cualquier información chollywodense, es propicia para analizar una situación por la que pasan muchas familias separadas en el país.

El espectáculo de la demanda por alimentos

En el Perú, los procesos de alimentos son casi el 50% de la carga procesal de los Juzgados de Paz Letrados y de los Juzgados de Familia. Esta cantidad se explica en lo mencionado por abogado de la PUCP, Alberto Villanueva: “quien debe pagar los alimentos  siempre querrá pagar lo menos posible y quien los pide siempre deseará que la cifra sea más alta”.

En el caso concreto de Klug y Farfán, la joven pidió una pensión que asciende al 40% de los ingresos que percibe el futbolista. Quizá sin reflexionarlo mucho y tras hacer una consulta legal señaló algo que resulta cierto: “(es) lo que me corresponde de acuerdo a ley”. Además, afirmó que el dinero que solicita es para que el hijo que tienen no cambie su calidad de vida ante la separación de sus padres. Algo parecido se dio cuando Marisol Aguirre señalaba que si el actor Cristian Meier le dejaba de pagar la misma cantidad de dinero  para sus hijos, ellos “comerían menos carne”.

La crítica  hacia estas madres  viene comprensiblemente por la mayoría de personas  que no tienen la “carne” para darles a sus hijos, ni las camionetas, ni la seguridad que pide Mellisa Klug.  Sin embargo, si se diera a conocer la situación de  un guachimán  que de los 550 soles que gana le pasa 200 a su ex esposa para la manutención de su hijo, probablemente pocos pensarían que ella lo está “viviendo”, aunque esto signifique el desembolso de casi la mitad de su sueldo. No es cuestión de cantidad, sino de situaciones. 

¿Qué dice  la ley?

En nuestro país el Código Civil  indica que la obligación es de papá y mamá, y que el monto aportado por cada uno es fijado por el juez de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno y a las necesidades  que el niño tenga.

El análisis de cuánto se debe  pagar por alimentos deberá ser evaluado y lo que primará es hacer que la calidad de vida del menor no varíe con el rompimiento de sus padres.  Es por esto que la cantidad de dinero no es igual en todos los casos y aunque pueda sonar inconcebible para muchas personas, no sería una decisión descabellada del juez  determinar que el futbolista se asegure de que Adriano (hijo de ambos), tenga seguridad, internet, empleadas, y demás exigencias de la madre, ya que eso implicaría mantener la calidad de vida a la que estaba acostumbrado el niño. En este contexto ni  “conchán” ni ningún otro adjetivo parecido  resulta válido, lo diga Meier o Fulanito.

En el imaginario social de las personas está presente esa  “frescura” de pedir dinero, de ser un (a) vago(a) que vive de la plata que le pasan a sus hijos para no trabajar.  Colabora, también el hecho de que siempre existirá la duda de si el dinero está siendo de verdad invertido en los hijos o no. Aun así, es necesario tener en cuenta elementos como la calidad de vida de los niños que se deben respetar y tener en cuenta que la responsabilidad es compartida,  por lo que no funciona el argumento “no tengo trabajo”.

Casos  sin titulares, o el resto del país

Según la organización Ciudadanos al Día, cerca de medio millón de madres solteras que se encargan del desarrollo de sus hijos sin ningún tipo de apoyo de los padres. La pensión de alimentos es  todo aquello que se necesita para el sustento del menor, no solo lo comestible sino también las necesidades de estudio, salud, vivienda, vestimenta y recreo. Cosas que  una fuerte cantidad de menores en el Perú no tiene n .

En parte la falla no es de los jueces quienes, como afirma Marcela Giusti, abogada especialista en derecho procesal civil, difícilmente van a desamparar a un menor de edad. Las deficiencias van más por el lado del trámite burocrático o por el propio incumplimiento del padre obligado a pagar la manutención. Desgraciadamente, en nuestro país, un proceso de alimentos que podría ser rápido, se soluciona, por lo general, en más de seis meses.  A este problema se  suman los 1250 padres morosos en pagos de pensión alimentaria, que registra en su web el Poder Judicial.

Justamente el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, establecido por la Ley 28970 inscribe a todos los ciudadanos que adeuden tres cuotas o más  de pensiones alimentarias, para que su exposición pública los incite a no eludir sus responsabilidades.  Además, se han dado otros pasos importantes como la figura de la conciliación extrajudicial para aliviar la carga de los procesos. Incluso, existe un proyecto de ley presentado por la congresista Rosario Sasieta que plantea la prisión efectiva para los padres deudores.

Sin embargo, como señala Javier La Rosa, especialista del Consorcio Justicia Viva, los procesos por alimentos no son una prioridad para el sistema de justicia. El camino para que no se  afecte directamente a los derechos fundamentales del niño, aún es demasiado largo.

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