miércoles, 15 de diciembre de 2010

Inambari, ¿la gota que colmará el vaso?

Se discute sobre las implicancias de la ley 4335 para el proyecto Inambari. Mientras el Estado resta importancia a las consecuencias ambientales y sociales del proyecto, organizaciones de la Sociedad civil divulgan los peligros latentes.

La central hidroeléctrica más grande  del Perú se llamará Inambari, como el río que la albergará. Al menos este el plan oficial, tanto para los gobiernos de Perú como de Brasil.

Inambari conforma una cuenca andino amazónica entre Cusco, Madre de Dios y Puno. Son tres provincias y tres también las consecuencias sobre las que germinan críticas a este mega-proyecto de exportación de electricidad a Brasil: la deforestación, la inundación de la carretera y el desplazamiento de pobladores.

Quince hasta el 2021


El gobierno peruano tiene un portafolio de 15 futuras hidroeléctricas en territorio amazónico; seis brindarán energía a Brasil. La primera es la de Inambari. El Peru suscribió el 16 de junio de este año el Acuerdo para el Suministro de Electricidad al Perú y la Exportación de Excedentes al Brasil.

Alan García había declarado el año pasado: ‘Tenemos que cerrar el tema de la alianza energética que nos permita utilizar su inversión y sus máquinas para generar en la caída de los ríos hacia la vertiente amazónica, energía eléctrica que pueda beneficiar al Brasil también, pero una parte importante y en tendencia creciente, al Perú” (PYSN Noticias, 11 de diciembre del 2009).

En defensa de los negocios

Miguel Vega Alvear, presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú Brasil (CAPEBRAS)  declaró que la segunda de las tres fases de la integración energética sudamericana se trata de ‘la infraestructura de puertos marítimos y fluviales (unir Bayóvar con Manaos y convertir a Iquitos en el centro logístico de la Amazonía), la interconexión energética y de comunicaciones (televisión digital), para preparar la tercera fase que sería la transformación del Perú en la plataforma industrial de conexión con el Asia Pacífico. Y así tener la infraestructura para sacar el máximo partido a los acuerdos de libre comercio y la integración estratégica con Brasil.’ (Caretas del 10 de diciembre del 2009)

‘La tala y la minería informales ya comenzaron a deforestar, de todos modos’

A su vez, Pedro Sánchez, Ministro de Energía y Minas,  remarcó ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que ‘el Perú tendría una mayor seguridad energética si consolida su integración con Brasil, debido a que este país representa una economía que consume 15 veces más de lo que consumimos nosotros. Brasil consume alrededor de 455,200 gigavatios hora y a su vez las proyecciones de su matriz energética indican un crecimiento en el uso de caña de azúcar y biocombustibles’.

Según la nota de prensa del Ministerio publicada el 15 de noviembre del 2010, el ministro dijo además que ‘los prospectos de centrales hidroeléctricas señalan, con estimados iniciales, que la superficie que se inundaría sería de 391 mil hectáreas, que si bien es significativa se minimiza por los efectos de la tala ilegal y minería informal que solamente hasta el 2010 ya hay más de 6.5 millones hectáreas deforestadas’.

Todo tiene consecuencias

Con el fin de exponer cuál podrá ser el impacto social y ambiental de las inversiones estatales y privadas en estos territorios, en febrero de este año La Revista Agraria, edición 115, publicó El verdadero impacto de las hidroeléctricas en la selva e incluyó Amazonía peruana: mapa de inversiones (y sus impactos) al 2021.

Entonces LRA aludió a las cifras de la Comisión Mundial de Presas: entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo para dar espacio a las represas. En Brasil hay un movimiento social de desplazados por las grandes represas. Además, para Martín Arana solo la hidroeléctrica de Inambari, con su embalse proyectado de casi 40 mil hectáreas, incrementaría la emisión nacional de gases de efecto invernadero en 5.86%.

Deberíamos conocer la cuenca

Según la agencia Servindi, los expertos peruanos y brasileños reunidos a inicios de noviembre de este año para discutir las implicancias de las hidroeléctricas en la Amazonía peruana llegaron a conclusiones en términos de energía, sociedad y ambiente. Una de estas últimas fue que la cuenca del Inambari requiere ser ampliamente estudiada, debido a la gran variedad de flora y fauna que contiene y por la provisión de peces que brinda para la subsistencia de las comunidades locales.

El especialista de Wildlife Conservation Society (WCS) Michael Goulding recalcó que ‘el Perú tiene una limitada información técnica sobre sus cuencas y, en especial, sobre la cuenca del Inambari, que es de gran importancia ecológica y social para la región sur del Perú’ mientras que para el coordinador del Programa de Energía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, las empresas a cargo de las centrales en la Amazonía no han medido los costos ambientales y sociales y no ven aún que la energía hidroeléctrica es, en la práctica, más costosa que cualquier otra fuente de energía.







Brasil, armonía o conflicto

A partir de las elecciones presidenciales brasileñas del 31 de octubre, Dilma Rousseff mereció titulares como ‘de guerrillera a primera mujer presidenta de Brasil’; sin embargo, en algunos espacios como los círculos de correo electrónico entre activistas peruanos, se vocea un peligro.

Hay círculos que hablan de una intención no muy social por parte de la ex ministra de energía y minas: sacarle el máximo jugo a los recursos hídricos peruanos.

Ley con antecedentes  

Frecuentemente aludida, la Ley de Consulta dice que deben ser consultados los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional; es decir, consultados a los pueblos indígenas y a los campesinos. El Convenio 169 de la OIT la respalda.

Sin embargo, las 8 observaciones que interpuso el Poder Ejecutivo a pocos días del Día del Campesino borraron las anticipadas sonrisas de muchos dirigentes campesinos. En la Confederación Campesina del Perú, para empezar, se decidió publicar un pronunciamiento conjunto con la Confederación Nacional Agraria y AIDESEP (Organización Nacional de los Pueblos Indígenas y Amazónicos del Perú).

Por su parte, el proyecto de ley 4335 elimina el requisito de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para obtener la concesión definitiva. Entonces, sí podría beneficiar al proyecto Inambari: la importancia del EIA es evidente y, en este caso, puede estar presentado pero no aprobado.

A su vez, Evandro Roberto Miguel, presidente del directorio del proyecto Inambari, afirma que ‘este proyecto no está conectado con Inambari porque nosotros ya hemos presentado nuestro EIA por lo que esta ley ya no nos toca. No nos ayuda ni nos perjudica. Nosotros hemos invertido US$ 22 millones en los estudios de factibilidad afrontando un riesgo. Para otros inversionistas si es positivo porque les reduce ese riesgo’ según publicó La República el 12 de noviembre de este año.

Humberto Campodónico y Javier Diez Canseco, cada uno desde la respectiva columna en La República, han criticado puntualmente el proyecto. Según Diez Canseco, Brasil no querrá pagar un canon por el volumen de agua embalsado bajo el argumento de que Perú no tiene una ley de canon acuífero,  y se pregunta quién explotará el oro aluvional del río y sus afluentes; además, advierte que la temperatura en la zona aumentará 2 grados.

Para Campodónico, el gran talón de Aquiles del Estado peruano actual es que no tiene credibilidad alguna para planificar el desarrollo del país en el largo plazo (tampoco hay un Plan de Desarrollo Territorial). Y, lo que es peor, no hay voluntad política para corregir esta situación. Ese es el problema. 

The Economist ha publicado sobre Inambari ‘Messing around with Dams’, por única vez, en noviembre del año pasado. Un nuevo baguazo daría ocasión a una nueva nota sobre nuestros conflictos entre desarrollo, legalidad y sostenibilidad.

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