La madrugada del 24 de octubre, el maquillador y animador de televisión, Carlos Cacho, atropelló a Humberto Yzarra, de 42 años, ocasionándole heridas graves.Han pasado más de tres semanas y el artista sigue libre. La ley es clara, pero no se ha cumplido.
¡A la reja!
Alcochol y velocidad, un problema frecuente en las calles de nuestra ciudad. De acuerdo con el abogado Ricardo Miranda, en una conversación con RPP, el conducir en estado de ebriedad supone una pena de entre 6 meses y dos años, aunque no se haya ocasionado accidentes. Pero la madrugada del 24 de octubre, Carlos Cacho había atropellado a un hombre, Humberto Yzarra, en el cruce de las avenidas Petit Thouars y Javier Prado.
Según fuentes policiales, el artista se encontraba en estado de ebriedad y en un inicio se negó a someterse al exámen toxicológico. El art. 91° del reglamento actual de tránsido obliga al conductor a someterse a los exámenes toxicológicos requeridos por la policía en el mismo momento de la detención. El animador tomó el examen, pero dos horas después de ser intervenido. El haberse negado al inicio es una falta muy grave y merece multa y retención de vehículo.
Además, al momento de su detención, Cacho no contaba ni con brevete, ni SOAT. De acuerdo con el art. 91º del reglamento actual de tránsito, estos documentos son obligatorios. La falta está estipulada como muy grave según el art. 296° y merece una multa de S/.1750, la retención del brevete y del vehículo.
Cacho fue trasladado a la comisaría de San Isidro la madrugada del domingo. Ese mismo día fue denunciado en el Poder Judicial. A pesar de todas sus faltas, la jueza María Elena Morocho Mori, del 34° juzgado penal de Lima, fijó una fianza de 10mil soles y la posibilidad de llevar el proceso en libertad. Al no considerar que hubiera peligro procesal, le aplicó la figura de comparescencia. Por tener domicilio y empleo conocidos, el maquillador se salvó de la prisión preventiva que le correspondía por ley.
No obstante, Roberto Yzarra, tío y abogado del atropellado, recuerda que el 31 de octubre, fecha límite para pagar la fianza y firmar el libro en el Poder Judicial, Carlos Cacho no se presentó. Esto es causal de orden de detención, cosa que no ha sucedido.
Promesas no cumplidas
De acuerdo con el abogado, el maquillador se comprometió a pagar los gastos de recuperación del agraviado. Lo que el SOAT no cubría, unos S/.6000, también saldrían del bolsillo del artista. A pesar de ello, la defensa aduce que no lo ha hecho por escrito, ni ha cumplido con sus obligaciones. Tampocó accedió a pagar la indemnización de S/.500mil solicitada por la defensa del agraviado.
Por su lado, la vida del conductor de televisión parece haber vuelto a la normalidad. Tras dos semanas fuera del aire, Carlos Cacho volvía al programa “Mil Disculpas” para declarar “No me alcanzarán los días de mi vida para pedirte disculpas” a la persona que atropelló. A la fecha, el atropellado, Humberto Yzarra ya ha sido dado de alta tras las operaciones y el proceso de recuperación en la clínica Ricardo Palma. Él también se sumó a los reclamos contra Carlos Cacho y explicó que el conductor no lo ha llamado ni a él ni a su abogado desde hace 15 días.
¿Justicia igual para todos?
Lo que se tiene en el caso de Carlos Cacho es solo una de las muchas historias de injusticia que rondan en el Poder Judicial. De acuerdo a lo que dicen las leyes, Carlos Cacho debería estar purgando prisión preventiva y esperando un proceso penal. No solo cometió las faltas graves de conducir bajo los efectos del alcohol y circular sin SOAT, ni brevete. Su imprudencia pudo haberle costado la vida a un ciudadano.
Desde que fue liberado, las autoridades judiciales no se han vuelto a manifestar. Salvo una eventual declaración de la Ministra de Justicia, Rosario Fernández, instando a que se le aplique todo el peso de la ley, el resto han sido formalidades. Con esto, el mensaje parece ser que para evitar la justicia basta con estar bien relacionado, y si se es un personaje mediático, aún mejor. De esta manera, el Poder Judicial ha perdido una excelente oportunidad para demostrar que todos somos iguales ante la ley. Por el contrario, ha reforzado la creencia de que algunas personas tienen privilegios.
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