Ley de patrimonio compartido

El comienzo de una legislación inclusiva

Proyecto de ley espera obtener esta vez el visto bueno de la Comisión de Justicia y Derechos humanos del Congreso.

En febrero de este año, el grupo legislativo “Alianza Parlamentaria”, encabezado por el congresista Carlos Bruce, presentó un proyecto de ley denominado “Patrimonio compartido”. Luego de ser analizado por la Comisión de Justicia, el proyecto fue replanteado y presentado nuevamente en agosto, ante la misma Comisión. Pero de ¿qué se trata esta ley y a quiénes se estaría beneficiando?

A simple vista, el proyecto no tiene nada nuevo. La legislación peruana contempla una figura parecida, la del “patrimonio autónomo compartido”, por la cual una pareja de casados o de convivientes establecen un acuerdo para hacer uso de los bienes comunes, heredables a la muerte de uno de ellos. Sin embargo, la iniciativa de Bruce contempla algunos aspectos que podrían beneficiar a aquellas “uniones” legalmente no consideradas a la fecha.

La novedad del proyecto

A diferencia de su predecesora, que se restringe a las uniones matrimoniales y uniones de hecho, esta nueva ley plantea el reconocimiento de dos partes que, independientemente del tipo de relación que los une, deseen obtener los beneficios de bienes patrimoniales. Ello incluye tanto las relaciones familiares, amicales, e incluso a las relaciones homosexuales.

La propuesta da carta abierta a que un par de amigos, hermanos o una pareja homosexual tengan el derecho de firmar un contrato patrimonial a beneficio de ambas partes. De esta forma, una pareja gay podría ser apta para acceder a un préstamo o a un crédito hipotecario, e inclusive, a la muerte de una de los contratantes, poder heredar y gozar de las rentas, con beneficios similares a los de un cónyuge.

Respuesta de la comunidad gay

La comunidad gay ha reconocido y felicitado la iniciativa, pero la consideran el primer paso de un camino legal que recién empieza a recorrerse. Alonso Inga, abogado e integrante de la Asociación LTGB Legal, explica que, más que el beneficio material que plantea el proyecto del patrimonio compartido, lo que la comunidad gay exige es el reconocimiento de las uniones de las parejas homosexuales.

Para el abogado y activista gay, el estado no es consecuente cuando se trata de exigir deberes y de gozar los derechos. Los homosexuales ejercen su ciudadanía si se trata de pagar impuestos. Pero si se trata de ejercer su derecho a la unión matrimonial, su condición de ciudadano es ignorada.

Sin este reconocimiento, por ejemplo, en caso de que una persona gay fallece, solo podrá heredar libremente un tercio de sus bienes a su pareja. El resto lo heredará forzosamente su familia. En caso de no dejar un testamento, la familia lo heredaría todo, aunque esa no sea la decisión de una persona. Debido a su opción sexual, muchas veces los gay nunca son aceptados en su hogar, e incluso llegan a recibir maltratos.

Tendencia en la región

En agosto pasado, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio gay. Tal vez por ser el más “europeizado” de la región, el estado gaucho le siguió los pasos a Suecia, Noruega y Portugal. En la comunidad hispanohablante, España fue la primera en reconocer el matrimonio gay, seguido por México, quien hizo lo propio en diciembre de 2009.

En el caso de Argentina, el Parlamento solucionó la problemática de la comunidad homosexual de una manera muy simple. Lo que se hizo fue replantear el concepto legal de matrimonio. En vez de definirlo como la unión de una mujer y un hombre, ahora la ley lo define como la unión de dos personas, sin especificar el sexo de cada una de ellas. Una sola ley, con derechos y deberes para todos y todas.

¿Y cómo estamos en ese aspecto?

En agosto pasado, el congresista Juan Vargas presentó un proyecto de ley que establece las uniones civiles entre personas del mismo sexo, las equipara con las uniones civiles de hecho. La propuesta no ha tenido eco en el ámbito público a comparación del proyecto de patrimonio compartido de Bruce. Él mismo ha manifestado que su iniciativa tiene más posibilidades de ser aprobado, ya que, a diferencia del proyecto de Vargas, su ley es mucho más amplia y no solo beneficia a los homosexuales.

A pesar de sus fortalezas y debilidades, ambos proyectos se encuentran en manos de la Comisión de Justica y DDHH del Congreso y esperan ser aprobados para el beneficio de las minorías sexuales. De ser así, se estaría forjando el camino para que, en el futuro, las parejas homosexuales puedan contraer matrimonio legítimo e incluso acceder a la adopción de niños.