Veinte años de conflicto regresaron a la agenda nacional con el polémico Decreto Ley 1097. Si bien no fue aprobado, ¿por qué fue creado?¿cuáles pudieron haber sido sus consecuencias?
Imagínate esto. Estas durmiendo plácidamente en tu cama, tapado con las frazadas hasta el cuello por el frío de la noche. De pronto, durante la madrugada, alguien toca violentamente la puerta de tu casa. Tu papá abre la puerta y unos desconocidos con el rosto tapado empujan a todos y los obligan a tirarse al piso. Toman a tu papá y se van...nunca más los vuelves a ver. Lo que suena a una historia casi de terror lo sufrieron miles de peruanos en el interior del país. Lo que para ti puede parecer la peor noche de tu vida, ellos tuvieron que vivirlo noche tras noche. ¿Qué sentirías si es que, casi veinte años después, los asesinos de tu padre salen de la cárcel sin haber terminado su condena? ¿Qué harías con tu impotencia y tu rabia?
Si bien el gobierno ya descartó la idea de aprobar el sonado Decreto Ley 1097, el revuelo que causo esta norma fue de muy grande. Para quienes nunca llegaron a entender el lenguaje legal, lo que se buscaba con esta ley, básicamente, era archivar los casos por violaciones de Derechos Humanos que se cometieron antes del 2003, es decir básicamente durante la época de violencia interna en el país.
Por lo tanto, los culpables de todos los asesinatos y desapariciones que ocurrieron durante veinte años en los lugares más pobres del país tendrían la oportunidad de salir libres más rápido de lo esperado. Es más que obvio entonces, que una ley de este tipo sería polémica y causaría aún más problemas tanto sociales como políticos. Fueron 20 años de violencia en los cuales, según la CVR, más de 69,280 peruanos perdieron la vida quienes, a pesar de ser de los lugares más pobres del país, no van a dejar de ser parte de la herida que el Perú no ha podido cicatrizar.
¿Decreto o no decreto? He ahí el dilema
Si vamos un poco más al fondo, podríamos encontrar muchos problemas con la legalidad de este decreto. Aunque el ejecutivo tenga la autorización de crear este tipo de decreto, éste será válido únicamente si es que no va en contra de ninguna otra ley. Y ese no es el caso. Según lo que mencionó Luis Vargas Valdivia, ex procurador anticorrupción, en una entrevista al Instituto de Derechos Humanos de la PUCP, el DL 1097 pudo ser tildado tranquilamente de inconstitucional por dos razones básicas.
La primera es que, como los únicos beneficiados son los integrantes de la Fuerzas Armadas y la Policía, se estaría violando el derecho de generalidad que este tipo de decretos requieren. Es decir, habría una especie de discriminación hacia el ciudadano común que, según el caso, pueda verse beneficiado por igual. La segunda es que se va a pretender aplicar una ley que mezcla modelos procesales y Códigos Penales distintos, los cuales son excluyentes entre sí. Si bien puede darse una convivencia de dos tipos de códigos con leyes que se complementan unas con otras, el hecho de que se agregue una más ya causaría ciertos vacíos o confusiones legales.
¿Qué podría estar detrás de este decreto? Pues, sin lugar a dudas, es el poder ejecutivo el que quiere sacar provecho. A pesar de la negación del presidente García, no suena descabellado dar vueltas a la idea de que él se podría beneficiar de alguna forma en algún futuro juicio sobre Derechos Humanos o implicación en uno de ellos, específicamente sobre el caso ‘El Frontón’. Es más, no solo sería García quien salga libre de ‘polvo y paja’ sino también algunos generales del Ejercito, entre otros. De aceptarse, todos los esfuerzos de comisiones investigadoras y organizaciones por establecer conclusiones acerca de lo ocurrido durante la época de violencia serían desestimados.
El cuerpo del delito
Pero, si bien la identificación ya se dio por el lado judicial, aún falta mucho por hacer en el ámbito social. Y es que aún existen miles de cuerpos que no han podido ser reconocidos y un número mayor de desaparecidos que no han sido encontrados. De haberse aprobado esta ley, el proceso de estudio para aclarar estos problemas se hubiera visto truncado (ya que los casos se hubieran archivado) y unas 15000 familias nunca puedan saber la verdad y descansar en paz. A pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, queda mucho trabajo por hacer.
Además, se debe mencionar que nuestra sociedad tiene una idea muy vaga del concepto de ciudadanía en la cual todos participamos y por la cual todos nos vemos afectados tanto positiva como negativamente según las circunstancia de los hechos. En este caso, nuestra imagen internacional se deteriora tal como lo dejó claro el funcionario de la ONU para la protección de Derechos Humanos, Martín Scheinin, en su visita al Perú aduciendo que este decreto da la impresión de haber sido preparado adrede.
Somos un país que aún tiene mucho que aprender y reflexionar para poder actuar de la mejor manera. Nuestra legislación y política está muy distante de los estándares que muchos otros países tienen y esto se debe a que nosotros mismos, los ciudadanos, no hemos interiorizado la importancia de nuestra opinión dentro de la sociedad. Además, la idea de Derechos Humanos aún es débil en nuestro país, cosa que debe cambiar si es que queremos cerrar las heridas del pasado y tener un mejor futuro con igualdad y una democracia mejor establecida.
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